Los pasos para aplicar el artículo 155

Rajoy preside la reunión del Consejo de Ministros Extraordinario

Tras la segunda carta de Carles Puigdemont, en la que el president desliza que no hubo declaración de independencia pero que la votarán si el Gobierno de España decide aplicar el artículo 155, el Ejecutivo ha decidido seguir adelante con la activación por primera vez en la historia española del citado artículo de la Constitución. El primer paso será un Consejo de Ministros extraordinario, que se celebrará el sábado a las 10 horas y estará presidido por el presidente Mariano Rajoy a su vuelta de Bruselas.

En un comunicado oficial, el Gobierno considera que que el president de la Generalitat ha desatendido el requerimiento de Mariano Rajoy de que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad catalana había procedido a declarar la independencia. “En consecuencia, el Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad del autogobierno de Cataluña”.

Unos minutos después de las diez de la mañana comparecía el ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, para garantizar que el Ejecutivo pondrá “todos los medios a su alcance” para restaurar el orden constitucional, la “convivencia pacífica” en Cataluña y frenar el “deterioro” de la seguridad jurídica de la que es único responsable la Generalitat.

En preparación del Consejo de Ministros extraordinario, este mismo jueves, PP y PSOE mantienen reuniones para acordar qué medidas extraordinarias se proponen al Senado. Las interlocutoras son, por el Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y, por el PSOE, Carmen Calvo, que además de delegada de Igualdad es catedrática de Derecho Constitutcional.

La Moncloa después del la reunión del sábado debe pedir permiso al Senado para tomar una serie de medidas extraordinarias, que no se han hecho públicas todavía. El President de la Generalitat deberá después presentar alegaciones en el Parlamento, que después ratificará o no la propuesta del Gobierno. Estos son los plazos:

1. Despejada la incógnita, la decisión política. Puigdemont primero mantuvo una calculada ambigüedad en una carta al requerimiento de Mariano Rajoy, y este jueves ha deslizado que todavía no se ha votado la declaración unilateral de independencia en una respuesta que no satisface al Gobierno. El primer paso será convocar el sábado un Consejo de Ministros extraordinario, para aprobar las medidas que elevar al Senado. Estos son los plazos y las posibilidades que maneja en un proceso que podría dilatarse tres semanas.

2. Del Gobierno al Senado. El Gobierno enviará al presidente del Senado, Pío García Escudero (PP), un escrito en el que debe detallar, una por una, las medidas concretas que desea adoptar para hacer cumplir la ley y proteger “el interés general”, según establece el artículo 189 del reclamento de la Cámara. El Ejecutivo puede remitir su propuesta al Senado el mismo jueves y el pleno podría celebrarse el 27 de este mes.

3. Las alegaciones. La Mesa del Senado daría curso a la demanda y remitiría su escrito y la documentación que, en su caso, adjunte el Gobierno (sentencias del Tribunal Constitucional contra las leyes de transitoriedad y referéndum aprobadas por la Generalitat, la declaración de compromiso con la secesión firmada por los diputados independentistas del Parlament…) a una comisión. El reglamento prevé que pueda ser una comisión creada específicamente para este caso o bien la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que esta legislatura dirige el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP). De este último órgano forman parte, también, en su condición de senadores, los también cargos orgánicos del PP Javier Arenas y Alicia Sánchez Camacho; el líder de los populares andaluces, Juan Moreno Bonilla; los expresidentes autonómicos conservadores Pedro Sanz (La Rioja), Juan José Lucas (Castilla y León), José Ramón Bauzá (Baleares) y los socialistas José Montilla (Cataluña), Vicente Álvarez Areces (Asturias) y Francesc Antich (Baleares), entre otros.

La comisión tendrá que reunirse como mínimo en dos ocasiones. Una para, según dice el artículo 189.3 del Reglamento, requerir al presidente de la comunidad afectada, en este caso Carles Puigdemont, a fin de que “en el plazo que se fije remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes y para qu0e designe, si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos”.

4. La aprobación. La Comisión admitiría o rechazaría las medidas solicitadas por el Gobierno, pudiendo condicionarlas o limitarlas. Su dictamen pasará al Pleno de la Cámara, donde el PP tiene mayoría absoluta, para su debate. La sesión consta de dos turnos a favor y dos en contra con una duración máxima de de veinte minutos cada uno. Los portavoces de los grupos parlamentarios podrán intervenir por el mismo tiempo. La aprobación se hará por mayoría absoluta, y está previsto que se consiga, dado el reparto de escaños, en torno a un 80% de los apoyos, pues PP, PSOE y Ciudadanos suman 214 de los 266 senadores.

5. La aplicación. Moncloa ha asegurado que el plazo para poner en práctica el mecanismo completo sería inferior a una semana, aunque varios expertos jurídicos aseguran a este diario que podría extenderse, incluso, a tres semanas.

La autorización del Senado no implica que el Gobierno tenga que actuar, ya que puede dar marcha atrás en cualquier momento. De hecho, en las últimas horas se ha hablado de que si Puigdemont convoca elecciones en Cataluña, el Gobierno paralizaría la activación del artículo 155, que no se ha activado nunca en España. Sin embargo, en las últimas horas el President ha asegurado que la aplicación del 155 supondría el levantamiento de la suspensión de la declaración de independencia.

Las medidas (suspensión de acuerdos y decretos, control de la Hacienda catalana y/o de los Mossos d’Esquadra) podrían ejecutarse el mismo día de la aprobación. La amplitud del 155 abre la puerta a todas las actuaciones “necesarias”, lo que deja un amplio margen de acción. Los constitucionalistas consultados por 20minutos no se ponen de acuerdo acerca de los límites, pero ponen muy en duda que se pueda destituir al president, disolver el Parlament y convocar elecciones, informa Ibon Uría. La Generalitat aún podría recurrir al Tribunal Constitucional si considera irregulares las decisiones o impugnar actos concretos en los tribunales.

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